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De la mano de FOES Desayuno Empresarial sobre financiación a pymes y responsabilidad penal de las empresas

El director general de Iberaval, Pedro Pisonero, en el Desayuno Empresarial organizado por FOES que se celebró ayer el Hotel Alfonso VIII de Soria, hizo referencia a la capacidad de la SGR, que ronda los mil socios en Soria y cuenta con 25.000 en su conjunto, para otorgar garantías y avales, así como su papel relevante para negociar líneas financieras con entidades, a partir del respaldo de la Junta de Castilla y León y el Instituto para la Competitividad Empresarial, hasta ahora ADE. En este punto, Pisonero valoró la capacidad de Iberaval para mejorar precios, plazos y costes de las operaciones, que en la provincia se sitúan en el entorno de los 91.000 euros.

Así lo expuso durante su participación en el Desayuno Informativo “El acceso a la financiación entre las pymes y la importancia de la prevención de la responsabilidad penal de las empresas”, organizado por FOES en colaboración con CECALE e Iberaval, en el que participaron una treintena de empresarios.

En el encuentro, presentado por el presidente de FOES –también presidente de CECALE- Santiago Aparicio, se puso de relieve la necesidad de afrontar procesos preventivos ante posibles delitos penales y la importancia de atender a necesidades de financiación con una estructuración acorde a las capacidades de cada compañía.

Al respecto, Pedro Pisonero animó a los empresarios asistentes a barajar la “prudencia con los plazos de financiación” y, por ello recomendó, largos plazos aunque, matizó “no estamos en la situación de falta de financiación de hace algunos años”.

El director general de Iberaval señaló que “hay empresas, en este momento, que están sobreofertadas de crédito”, en referencia a las grandes compañías, aunque “hay otras que se quieren constituir y tienen problemas de financiación o quieren hacer I+D y se encuentran con serios problemas”. En este punto, Pisonero señaló que en el 48% de las operaciones formalizadas en Soria durante 2016 la financiación se dirigió a inversiones, frente al 52%, que fue para necesidades de circulante.

Asimismo, señaló que la capacidad de negociación de Iberaval facilita tipos apreciablemente más bajos de los que podría obtener el solicitante en el mercado, y ha subrayado los programas ADE Financia y ADE Empleo, impulsados por la Junta de Castilla y León, como elementos que permiten que esos costes de operación sean tendentes a cero, según la viabilidad de cada proyecto.

Iberaval prevé un crecimiento, para este ejercicio, en el entorno del 18 por ciento, hasta formalizar los 270 millones de euros.

RESPONSABILIDAD PENAL

Por su parte, el responsable de Corporate de la consultora Bonet, Juan Eugenio Tordesillas, se refirió a la importancia de implementar procedimientos de prevención de la responsabilidad penal en las empresas (RPE), que definió como una “solución ágil y a un coste ponderado para las pymes ante posibles procesos judiciales”. En este contexto, señaló que el coste de implementarlos depende de las dimensiones de las empresas, pero situó los costes en base a complejidad y estructura a partir de menos de 3.000 euros, si bien calificó su asunción como algo “asumible y obligatorio”.

Tordesillas incidió en que la última reforma del Código Penal, que ha reforzado esta vertiente normativa, ya que afecta a numerosos ámbitos: laboral, consumidores, relaciones contractuales y empresariales con terceros, protección de datos, ámbito fiscal, prevención de blanqueo de capitales y competencia, entre otros. En este punto, señaló que contar con un Plan de Prevención sirve como elemento de atenuación y eximente ante ciertos delitos. De igual manera, se refirió a las sanciones que ya se están aplicando en España, y que van desde multas económicas a la disolución de la persona jurídica, pasando por el cierre de locales.

El experto de Bonet, quien también puso  ejemplos concretos de actividades ante las que pueden resultar de gran utilidad los Planes de Prevención de Responsabilidad Penal, se refirió a estos como un “escudo de protección jurídica” ante cuestiones derivadas de la revisión prevista para mayo de 2018 de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) o ante supuestos de corrupción pública y privada.

Fuente: FOES (Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas)

 

 

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