Las comunidades autónomas han subido casi todos los impuestos posibles desde que comenzó la legislatura. De hecho, entre 2012 y 2013 han elevado al menos 84 impuestos distintos, lo que provoca una fuerte dispersión en la fiscalidad autonómica. Las regiones han apostado, en su gran mayoría, por elevar el IRPFa las rentas altas, más allá de la subida que impulsó en el Consejo de Ministros nada más llegar al poder Mariano Rajoy. También han elevado al máximo posible el Impuesto del Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones y el gravamen sobre los hidrocarburos.
Todo es poco para frenar una caída de la recaudación generalizada que ha afectado al objetivo de déficit, y que ha dañado en los últimos años la confianza de los inversores en las finanzas españolas. De hecho, las comunidades autónomas, pese a los avances de los últimos años, siguen sin cumplir en general con los objetivos de estabilidad presupuestaria que exige la Comisión Europea. Sin embargo, con los últimos datos enviados a Bruselas sobre la mesa, los ingresos impositivos de las regiones siguen cayendo:en 2013 la recaudación tributaria ascendió a 86.879 millones de euros, una bajada del 20,4% con respecto al año anterior.
Por ejemplo, en el IRPF, y desde 2010, las comunidades han iniciado un proceso de elevación de la tarifa de gravamen y reducción de las deducciones autonómicas que se aprobaron en el boom inmobiliario. También son muy importantes los cambios normativos que se han impulsado en el Impuesto sobre el Patrimonio. Todas las CCAA salvo la Comunidad de Madrid (que ha sido presionada por el Ministerio Hacienda para que cambiara de opinión) están aplicando efectivamente el impuesto. Así, han utilizado sus competencias para aprobar incrementos superiores al previsto por el Estado y reduciendo casi al máximo los mínimos exentos.
Según destaca en varios informes el Consejo General de Economistas - Asesores Fiscales (Reaf), que hace un seguimiento anual de la evolución de los tributos de las regiones, la dispersión de los impuestos autonómicos genera altos costes de control, ya que establece en muchas ocasiones requisitos a futuro y durante muchos ejercicios. De hecho, en muchos casos, los costes de gestión superan la recaudación que se obtiene (ver EXPANSIÓN del pasado 9 de marzo de 2013). Sin embargo, las comunidades no dejan de crear nuevos impuestos y de modificar los ya establecidos.
Los impuestos propios y las subidas de los impuestos autonómicos generan también numerosos pleitos que se alargan varios años. Las empresas y los contribuyentes particulares alegan que la región grava el mismo concepto dos o, incluso, tres veces. Además, las asesorías jurídicas y fiscales de las compañías implantadas en varias autonomías consumen gran parte de su tiempo en el cumplimiento de estas obligaciones tributarias, que les generan un importante coste ya que tienen que ajustar la factura fiscal en función de la autonomía en la que hagan negocio.
Y a esto se suma que en los últimos años el Estado ha decidido plantar batalla ante el Tribunal Constitucional para intentar tumbar los tributos de las comunidades que gravan lo mismo que el Estado o para anular los que considera que exceden a sus competencias, como por ejemplo la tasas a los depósitos bancarios.
Aunque las subidas de impuestos son mucho más significativas que las bajadas si se contempla la evolución de la fiscalidad en el conjunto de la legislatura, también es cierto que las regiones han empezado a impulsar bajadas tributarias en 2014 de cara a los futuros comicios. Por ejemplo, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado una rebaja del IRPF de 50 millones que afectará al 90% de los extremeños. Esta reducción se suma a los anuncios de bajadas de impuestos que han hecho Madrid, Navarra y Cantabria. A su vez, la Comunidad Valenciana ha analizado el escenario para una bajada del IRPF.
Una vez que el Gobierno central ha presentado su reforma fiscal, se abre la vía de las reducciones tributarias entre los barones del PP, tal y como les ha recomendado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Es decir, que las regiones que más facilidades han tenido para ajustar sus cuentas públicas están intentando tener una buena carta de presentación fiscal de cara a los comicios que se celebrarán en 2015, en la antesala de las generales.
La reforma fiscal, que se esperaba que fuera una revolución en el campo de la fiscalidad autonómica como pedían los expertos, ha postergado una reordenación de los impuestos de la España de las autonomías por su excesiva complejidad. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, fue el encargado de anunciar que «no es el momento político oportuno» para modificar el sistema de los impuestos regionales.
La reforma fiscal que presentó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas abordó finalmente solo las figuras del IRPF y Sociedades, dejando de lado toda la fiscalidad que afecta directamente a las comunidades autónomas, como tributos cedidos y propios, así como la posible creación de un sistema de copago para los servicios públicos.
Algunos expertos como los economistas del REAFconsideran que la rebaja del IRPF parece teórica, ya que depende de cómo utilicen su capacidad normativa las comunidades para ver cuál será el resultado final. Fuera de la reforma ha quedado toda la imposición patrimonial, el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones o el ITP.
Fuente: expansion.com
