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Medidas Extraordinarias de Apoyo a la Solvencia Empresarial RDL5/2021. Ayudas directas, recapitalizaciones y reestructuración de deudas para empresas

 

El Boletín Oficial del Estado del 13 de marzo ha publicado el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, que ha entrado en vigor el mismo 13 de marzo de 2021.

El objetivo de esta norma es múltiple: proteger el tejido productivo hasta que se logre un porcentaje de vacunación que permita recuperar la confianza y la actividad económica en los sectores que todavía tienen restricciones; evitar un impacto negativo estructural que lastre la recuperación de la economía española; proteger el empleo en los sectores más afectados por la pandemia; y actuar de forma preventiva para evitar un impacto negativo superior sobre las finanzas públicas y los balances del sistema financiero.

 

El Real Decreto-ley 5/2021 establece las siguientes medidas:

  • En el Título I de este Real Decreto-ley se prevé la creación de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas, que persigue apoyar la solvencia del sector privado, mediante la provisión a las empresas y autónomos de ayudas directas de carácter finalista que permitan el pago de costes fijos, por ejemplo, relativos al suministro de energía y a los cambios en las pautas de consumo y de potencia demandada, el pago a proveedores, la reducción de las deudas derivada de la actividad económica y, en caso de quedar remanente, deudas con acreedores bancarios. La línea cuenta con una dotación total de 7.000 millones de euros y se articula en dos compartimentos. Un primer compartimento, con una dotación de 5.000 millones de euros, para todas las Comunidades Autónomas, salvo Baleares y Canarias, y para las Ciudades de Ceuta y Melilla; y un segundo compartimento, con una dotación de 2.000 millones de euros, para las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias.
  • En el Título II se incluye la línea para la reestructuración de deuda financiera Covid; una batería de herramientas para acompañar los procesos de reestructuración acordados por los acreedores financieros de los créditos con aval público para las empresas y autónomos que lo necesiten. El objetivo, por tanto, es concentrar el esfuerzo presupuestario derivado de las medidas en las empresas viables que están sufriendo un deterioro transitorio de sus indicadores de solvencia como consecuencia de la intensidad y duración de la caída de actividad extraordinaria generada por la pandemia.

Se trata de medidas complementarias a las adoptadas hasta la fecha, como las líneas de avales canalizadas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) o el refuerzo de la actividad de la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA). Así, frente al carácter general de los avales para todas aquellas empresas y autónomos que cumplieran con unos requisitos mínimos de salud financiera, en este caso el ámbito de aplicación subjetivo de las medidas quedará restringido a aquellos supuestos de empresas que realmente requieran de medidas adicionales relacionadas con su financiación avalada para garantizar la solvencia del negocio viable que se ha visto deteriorada como consecuencia de la COVID-19. Por tanto, las medidas de solvencia recogidas en este Título del Real Decreto-ley son de carácter selectivo, tanto por su finalidad –aliviar la carga financiera de empresas viables con problemas puntuales de solvencia– como por su ámbito de aplicación –limitado a empresas y autónomos que lo necesiten y que gracias a estas medidas de apoyo público sobre sus préstamos avalados puedan ver su solvencia restaurada–.

  • Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID (Título III del RDL) cuya definición se concretará más adelante por el Consejo de Ministros. Este Fondo, dotado con 1.000 millones de euros, se enfoca en complementar el Fondo gestionado por SEPI para la recapitalización de empresas estratégicas, de mayor tamaño, mediante el fortalecimiento y recuperación ágil y eficaz de la solvencia de aquellas empresas de mediano tamaño que, siendo viables a medio y largo plazo, se están viendo afectadas por los efectos de la pandemia en sus balances y en sus mercados.

 

LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PARA GASTOS FIJOS Y DEUDAS: 7.000 M€

Objeto

Las ayudas directas recibidas por los autónomos y empresas tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público

Beneficiarios:

a) Los empresarios o profesionales y entidades cuya actividad esté adscrita a 13 de marzo de 2021 a uno de los sectores definidos en el Anexo I, y cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el IVA en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019; así como los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF.

b) Para el caso de que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación consolidada, el volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el resultado de sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo.

c) NO PODRÁN OPTAR los empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que cumplan los requisitos establecidos en los dos epígrafes anteriores y que en la declaración del IRPF correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas.

Cuantía de la ayuda

La Comunidad Autónoma de Castilla y León establecerá los criterios para las ayudas por destinatario, de forma que no se superen los siguientes límites máximos:

a) 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF.

b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual en el IVA, haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima que se concederá será del:

  1. El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el IRPF, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados.
  2. El 20 % de la caída del volumen de operaciones en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.

La ayuda no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

La empresa beneficiaria de estas ayudas deberá justificar ante la Junta de Castilla y León el mantenimiento de la actividad a 30 de junio de 2022. En caso contrario, procederá el reintegro de las ayudas percibidas.

Concurrencia

Se podrá concurrir a convocatorias realizadas por distintas Comunidades Autónomas para la asignación de estas ayudas directas.

Cuando se trate de empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido inferior o igual a 10 millones de euros y no apliquen el régimen de grupos en el Impuesto sobre Sociedades solamente podrán concurrir a la convocatoria realizada por la Comunidad Autónoma en la que se ubique su domicilio fiscal.

Los grupos y los empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros que desarrollen su actividad económica en más de un territorio autonómico o en más de una Ciudad Autónoma, podrán participar en las convocatorias que se realicen en todos los territorios en los que operen.

Plazos de solicitud y fin

En el plazo de 1 mes desde el 13 de marzo de 2021, la Junta de Castilla y León deberá firmar un Convenio con el Ministerio de Hacienda, que procederá transferir los fondos correspondientes (que se determinará por Orden del Ministerio de Hacienda en función de los indicadores de renta, desempleo y desempleo juvenil) dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que adquiera eficacia cada convenio

No podrá concederse ninguna de estas ayudas directas pasado el 31 de diciembre de 2021.

 

LÍNEA PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA FINANCIERA COVID: 3.000 M€

Objeto y ámbito de aplicación

Esta línea tiene por objeto fomente la coordinación de entidades financieras para reforzar la solvencia de las empresas y autónomos que atraviesen un desequilibrio patrimonial temporal como consecuencia de la caída significativa de sus ingresos derivada de la pandemia de la COVID-19.

Las condiciones aplicables y los requisitos a cumplir para acogerse a estas medidas, incluyendo el plazo máximo para su solicitud, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros.

Medidas de apoyo público a la solvencia

Extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación que han recibido aval público

Mantenimiento del aval público en caso de la conversión de las operaciones del principal pendiente en préstamos participativos en operaciones de financiación con aval público

Medidas para la reducción del endeudamiento: El Ministerio de Asuntos Económicos y podrá realizar transferencias directas a las entidades financieras, y en el marco de los acuerdos de renegociación de deudas con los bancos, a las empresas y autónomos que cumplan con los requisitos establecidos por el Código de Buenas Prácticas y con la finalidad exclusiva de reducir el principal pendiente de las operaciones financieras que cuenten con aval del ICO o reaval de CERSA. Las entidades bancarias no aplicará comisión alguna por la cancelación anticipada de la deuda.

Línea para la reestructuración de deuda financiera Covid

Esta línea, dotada con 3000 millones, tiene por objeto reestructurar la deuda contraída por las empresas y autónomos con el ICO.

Formalización en escritura pública: Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de todas estas operaciones se bonificarán en un 50 por ciento, en los siguientes términos:

  1. Por el otorgamiento de la escritura se devengará el arancel correspondiente a las escrituras de novación hipotecaria, reducidos al 50 por ciento, sin que se devengue cantidad alguna a partir del quinto folio de matriz y de copia, sea copia autorizada o copia simple. En todo caso, la suma de todos los aranceles notariales aplicables a la escritura será de un mínimo de 30 euros y un máximo de 75 euros por todos los conceptos.
  2. Los derechos arancelarios notariales derivados de la intervención de pólizas en que se formalice, en su caso, los aplazamientos derivados de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria se bonificarán en un 50 por ciento. En todo caso, la suma de todos los aranceles notariales aplicables a la póliza será de un mínimo de 25 euros y un máximo de 50 euros por todos los conceptos, incluyendo sus copias y traslados.
  3. Cuando exista garantía real inscribible, por la práctica de la inscripción se aplicará el arancel previsto, según corresponda, en el caso de los registradores de la propiedad y en el de los registradores mercantiles, para las novaciones modificativas. Al resultado se le aplicará una bonificación del 50 por ciento. En todo caso, la suma de todos los aranceles registrales aplicables al documento será de un mínimo de 24 euros y un máximo de 50 euros por todos los conceptos

Moderación de los intereses moratorios: En todos los contratos de crédito o préstamo a empresas y autónomos a los que afecten estas medidas, el interés moratorio aplicable desde el momento en que el deudor solicite a la entidad financiera la aplicación de cualquiera de las medidas del Código de Buenas Prácticas, será, como máximo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 1 por cien sobre el capital pendiente del préstamo.

 

FONDO DE RECAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS AFECTADAS POR COVID: 1.000 M€

Este Fondo, dotado con 1000 millones de euros y gestionado por COFIDES, S.A., tiene por objeto aportar apoyo público temporal en forma de instrumentos de deuda, de capital e híbridos de capital, bajo criterios de rentabilidad, riesgo e impacto en desarrollo sostenible, para reforzar la solvencia de las empresas que antes de la crisis de la Covid no tuvieran problemas de viabilidad y que no se consideren inviables a futuro, pero los criterios básicos de elegibilidad se determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros.

El análisis previo de viabilidad y riesgo al que se supedita la concesión del apoyo público temporal previsto en el primer párrafo de este apartado valorará las eventuales reestructuraciones de deuda que la empresa potencialmente beneficiaria haya realizado.

Esta financiación será incompatible con la otorgada por el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas del Real Decreto-ley 25/2020.

Se integrará en el Tesoro Público el importe de los dividendos, intereses, plusvalías y cualesquiera otras remuneraciones que resulten de las inversiones u operaciones que se realicen; las remuneraciones que eventualmente perciban los consejeros, siempre que sean empleados públicos ya empleados de la gestora (en otro caso no), nombrados para participar, en su caso, en los órganos de administración de las empresas solicitantes; así como los resultados de las desinversiones y reembolsos efectuados, minorándose por las minusvalías y gastos.

Se crea un Comité Técnico de Inversiones, cuya composición, funcionamiento y competencias se regularán por Acuerdo de Consejo de Ministros., que será el órgano de control y seguimiento de las operaciones que realice la gestora con cargo al Fondo.

En supuestos de participación en el capital social de las empresas elegibles, la gestora ejercerá los derechos de voto y demás derechos políticos que le correspondan sin necesidad de autorización previa por parte del Comité Técnico de Inversiones. Asimismo, decidirá caso por caso sobre la oportunidad de proponer o no el nombramiento de consejeros en los órganos de administración de las sociedades participadas, pudiendo, con sujeción a lo previsto en la normativa mercantil, proponer el nombramiento de empleados públicos, de empleados de la propia gestora o de otras personas físicas o jurídicas, según convenga a la mejor defensa de los intereses públicos.

La adquisición de las participaciones en el capital social con cargo al Fondo quedará exenta de la obligación de formular oferta pública de adquisición.

Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Comité Técnico de Inversiones y de la gestora del Fondo en virtud de las funciones que ejercen tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos. Quedarán también obligados a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el Comité Técnico de Inversiones y por la gestora del Fondo en relación con el cumplimiento de las funciones que, respectivamente tengan atribuidas. Este carácter reservado cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, documentos e informaciones se refieren.

 

Condiciones de elegibilidad de empresas y autónomos para ser destinatario de las medidas previstas en los apartados anteriores (Línea de Ayudas Directas, Línea para Reestructuración de Deuda Financiera COVID y Fondo de Recapitalización de Empresas afectadas por el COVID)  

Deberán cumplir en el momento de presentación de la solicitud los siguientes requisitos:

  1. No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
  2. No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
  3. Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas, así como de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
  4. No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
  5. No tener la residencia fiscal en un paraíso fiscal.

Deberán asumir asimismo los siguientes compromisos:

  1. Deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022.
  2. No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022.
  3. No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde aplicación de alguna de las medidas.

 

Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de las medidas del Real Decreto-ley 5/2021.

La empresa o autónomo que se hubiese beneficiado de estas medidas sin reunir los requisitos, será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, en su caso, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas de apoyo, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que su conducta pudiera dar lugar.

El importe de la responsabilidad por los daños, perjuicios y gastos no podrá resultar inferior al beneficio indebidamente obtenido por el deudor.

También incurrirá en responsabilidad la empresa o autónomo que busque situarse o mantenerse en las condiciones que el Real Decreto-ley 5/2021 establecen para la concesión de las medidas de apoyo, con la finalidad de obtener la aplicación de estas medidas.

 

 

OTRAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL RDL 5/2021, DE 12 DE MARZO: APLAZAMIENTO DE PLAZOS DE IMPUESTOS, MEDIDAS EN MATERIA CONCURSAL y JUNTAS TELEMÁTICAS.  

El Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, además de las medidas anteriores, amplían los plazos para la devolución de los créditos públicos gestionados por la Secretaría General de Industria y de la PYME; también amplía a cuatro meses el aplazamiento de deudas tributarias sin intereses; y extiende hasta finales de año las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades como consecuencia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso.

La norma también regula para todo tipo de sociedades de capital y resto de personas jurídicas de Derecho privado que no hayan podido modificar sus estatutos sociales para permitir la celebración de la junta general o asambleas de asociados o de socios por medios telemáticos, puedan seguir utilizando estos medios durante el ejercicio 2021 con todas las garantías.

 

Ampliación del plazo de ejecución y justificación de los proyectos financiados por la Secretaría General de Industria y de la PYME

En los procedimientos de concesión de apoyo a proyectos industriales competencia de la Secretaría General de Industria y de la PYME y que ya hubieran sido objeto de una ampliación, ordinaria conforme al procedimiento recogido en la correspondiente orden de bases o extraordinaria, del plazo de ejecución Las resoluciones podrán ser modificadas a instancia del beneficiario para ampliar los plazos de ejecución de la actividad y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladoras.

La solicitud, que deberá incluir una declaración responsable de que no concurren en causa para no pedir, deberá efectuarse antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto según se fije en las correspondientes resoluciones y deberá ser aceptado de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado. El plazo para la resolución será de 3 meses desde la presentación de la solicitud con silencio administrativo negativo.

Deberá alegar como circunstancias que justifican la necesidad de una modificación extraordinaria de los plazos establecidos en las correspondientes, resoluciones las causas sobrevenidas directamente como consecuencia de la crisis de la COVID-19. No podrán autorizarse ampliaciones de plazo en el caso de que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Que no exista una afectación suficientemente acreditada que justifique esa ampliación.
  2. Que la empresa no esté al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
  3. Que la empresa tenga deudas por reintegro de ayudas o reembolso de préstamos con la Administración.
  4. Que la empresa no tenga cumplidas sus obligaciones de presentación de cuentas ante el Registro Mercantil o ante el correspondiente Registro de Cooperativas.

 

Ampliación durante 1 año adicional el plazo de suspensión de pagos y devengos de préstamos Emprendetur de la Secretaría de Estado de Turismo

Se amplía durante un año adicional la suspensión del pago de intereses y amortizaciones correspondientes a préstamos Emprendetur, prevista en el artículo 41 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19.

 

Aplazamiento de deudas tributarias

Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria a las que hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la citada ley.

Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea una persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2020.

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

  1. El plazo será de seis meses.
  2. No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses del aplazamiento.

 

Medidas en materia concursal

El Real Decreto Ley modifica la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Se extienden hasta finales de año las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades como consecuencia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso.

Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para que el concursado pueda presentar una modificación del convenio concursal

Hasta 31 de diciembre de 2021 el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa

Hasta el 31 de diciembre de 2021 el deudor que tuviera homologado un acuerdo de refinanciación podrá modificar el acuerdo que tuviera en vigor o alcanzar otro nuevo.

Hasta el 31 de diciembre de 2021 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo de 2 meses para solicitar la declaración del concurso comenzará a contar el 1 de enero de 2022.

Hasta el 31 de diciembre de 2021 los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el 31 de diciembre de 2021 el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.

Hasta el 31 de diciembre de 2021 se tramitarán con carácter preferente:

  1. Los incidentes concursales en materia laboral.
  2. Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo.
  3. Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en periodo de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio.
  4. Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa.
  5. La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente.
  6. La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio del juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos.
  7. El concurso consecutivo de una persona natural en insolvencia actual, que carezca de masa activa y de la posibilidad de plantear un plan de pagos, instado por mediador, en el que conste lista de acreedores provisional, calificación fortuita y solicitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, junto con declaración responsable por parte del deudor en la que manifieste que no dispone de ningún activo.
  8. El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho

En los concursos de acreedores que se declaren hasta el 31 de diciembre de 2021 y en los que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, la subasta de bienes y derechos de la masa activa podrá realizarse bien mediante subasta, judicial o extrajudicial, bien mediante cualquier otro modo de realización autorizado por el juez de entre los previstos en la Ley Concursal. Excepcionalmente, y durante el mismo período, aunque en el plan de liquidación aprobado judicialmente se hubiera previsto una determinada modalidad de subasta extrajudicial, ésta podrá realizarse conforme a cualquier otra modalidad, incluida la que se realice a través de empresa especializada, sin necesidad de modificar el plan ni de solicitar la autorización expresa del juez del concurso. En todo caso, esta sustitución se hará constar en el correspondiente informe trimestral

Hasta el 31 de diciembre de 2021 se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al juzgado

 

Juntas telemáticas

La norma regula también, la posibilidad de que todas las sociedades de capital reguladas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y el resto de personas jurídicas de Derecho privado (sociedades civiles, sociedades cooperativas y asociaciones) que no hayan podido modificar sus estatutos sociales para permitir la celebración de la junta general o asambleas de asociados o de socios por medios telemáticos, puedan seguir utilizando estos medios durante el ejercicio 2021, garantizando así los derechos de los asociados o socios minoritarios que no pudieran desplazarse físicamente hasta el lugar de celebración de la junta o la asamblea.

 

A través de este enlace se puede consultar el texto completo del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, que ha entrado en vigor el mismo 13 de marzo de 2021.

 

Foes - Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas

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