PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME DE COMPETITIVIDAD FISCAL 2022:
En nuestro país, las medidas de incremento de los tributos al ahorro y empresas se pretenden justificar, además de en la pretendida diferencia de presión fiscal con la media de la Unión Europea, que los datos aportados en este informe abrumadoramente demuestran que no es tal, en la necesidad de reducción del déficit, además de propuestas de redistribución de la riqueza, argumentando que los grandes patrimonios pagan pocos impuestos.
Sobre el objetivo de reducción del déficit, lo cierto es que una de las peores decisiones que puede tomar el Gobierno, en un momento como el actual, es la de subir los impuestos: las alzas impositivas deprimen la oferta productiva y el consumo, justo lo contrario de lo que necesitamos, y deterioran las expectativas de los agentes provocando una degradación de la confianza, que es el pilar fundamental sobre el que apoyar la recuperación.
En conclusión, de cara al futuro, y una vez se haya dejado atrás la presente crisis, es prioritario recuperar la credibilidad y la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas.
Pero ello solo será posible cuando se acometa la gran reforma estructural pendiente, la de optimizar la eficiencia del gasto público, y nunca a través de subidas impositivas que comprometan el crecimiento y, por lo tanto, la consolidación presupuestaria ulterior. De hecho, gran parte del gasto público estructural no se debe tanto a mejores prestaciones públicas a los ciudadanos sino a mayores ineficiencias. Solo con homologarnos en eficiencia del gasto con la OCDE se podría provisionar los mismos servicios públicos actuales con un 14% menos de gasto, y, de implantar las mejores prácticas, los ahorros podrían ser mucho mayores.
En un momento de profunda crisis como el presente, y más aún en una economía abierta y con movilidad de factores como España, la única forma de aumentar, de forma sostenible la recaudación impositiva pasa por favorecer la recuperación de la actividad.
Para ello el objetivo debiera ser disponer de una fiscalidad competitiva y homologada con nuestro entorno para favorecer la actividad, la inversión empresarial y el empleo, lo cual pasa por mitigar la excesiva tributación del capital, en general, y sobre la empresa, en particular, que es justo lo contrario de lo que algunos plantean de manera equivocada.
Según el ICF (Índice de Competitividad Fiscal) España se sitúa, en el año 2022, en la posición 34 del total de los 38 países analizados, once puestos más abajo que la posición 23 que ocupaba en 2019 y dos más debajo de la 32 del año 2021.
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