La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) estudia diferentes vías, administrativa y judicial, para exigir a la Junta de Castilla y León responsabilidad patrimonial por los sucesivos acuerdos y decretos que han limitado o suprimido el derecho al trabajo del sector provocando la eliminación y merma de ingresos que necesitan los autónomos y empresarios para alimentar a sus familias y conservar sus negocios.
En opinión de la patronal, las sucesivas medidas aprobadas por la Junta que han conllevado al cierre y a una notable reducción de aforo y facturación de los negocios del sector limitan injustificadamente el derecho al trabajo y el libre ejercicio de la empresa.
ASOHTUR ha puesto en manos de sus abogados el asunto para estudiar diferentes vías judiciales con las que reclamar a la Administración una indemnización por las lesiones que les ha causado las limitaciones y cierres de actividad ya que, aunque la decisión ha derivado de una causa de fuerza mayor como la pandemia, no ha venido acompañada de las suficientes garantías para los propietarios de los negocios afectados en un sector que ha resultado muy perjudicado.
La Agrupación canalizará todas las reclamaciones de daños de los negocios de la provincia. En este sentido, es fundamental la unión, como destaca el presidente de la Agrupación Soriana, Pablo Cabezón. “Es importantísimo estar agrupados, lo es en los buenos momentos, pero es crucial unirse en las crisis para tener más fuerza en todo este tipo de acciones”, asegura.
El primer paso para reclamar a la Junta los daños y perjuicios que han causado sus medidas es cuantificarlos en cada establecimiento. ASOHTUR estima que este 2020 la facturación ha caído como media un 90% en el ocio nocturno, hasta un 70% en hostelería y restauración y un 80% en alojamientos.
“Son cifras insostenibles”, asegura el presidente de la patronal hostelera, máxime cuando “sigue sin llegar ningún tipo de ayudas”.
La situación es, en Soria, más grave que la de la hostelería de otras comunidades, que no han visto tan restringida su actividad por sus respectivos gobiernos autonómicos, caso de Madrid. “En otras comunidades no se ha obligado a cerrar, como nos ha sucedido en ésta, lo que supone un agravio comparativo y un ataque frontal a nuestra competitividad como empresas”, apunta Pablo Cabezón.
En su opinión, el sector está pagando las consecuencias más graves de la crisis sanitaria, cuando no acumula el mayor porcentaje de contagios, sin que la administración asuma las consecuencias de sus decisiones. “La Junta sólo tiene dinero para lo que quiere. Luego vemos como cada Consejo de Gobierno regional se articulan presupuestos para todo tipo de actuaciones, y sin embargo a la hostelería y al turismo no nos llega el dinero que necesitamos para comer y que la Junta nos quita por decreto”, explica.
“No se puede prohibir a la gente trabajar”, concluye Pablo Cabezón, que invita a todos los establecimientos a sumarse a la reclamación que prepara la Agrupación con la que quieren no sólo garantizarse un sueldo mensual que les permita vivir, sino tomar oxígeno para poder retomar la actividad, una vez normalizada la situación, y evitar el cierre de negocios.
La Agrupación de Hostelería y Turismo, constituida en 1978, es miembro de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Soria.
Fuente: ASOHTUR
