Nuestro país es el segundo que más cobra por heredar, y no muy lejos de nuestras fronteras 10 de las 19 economías avanzadas de la eurozona ya han optado por su supresión. España sigue figurando entre los países que más impuestos cobra a las herencias, con una tarifa progresiva del 7,65% al 34, sólo por detrás de Francia cuyo tributo llega al máximo del 45%, según un informe a nivel mundial de la asociación Tax Foundation.
El economista americano Alan Cole, estudioso de este impuesto a través de su fundación, concluye en una investigación sobre la presencia de esta tasa en la OCDE que España se sitúa en lo alto del ranking. A la cabeza de la lista se encuentra Japón, cuyo impuesto es del 55%; Corea del Sur con el 50%; Francia con el 45%, y Reino Unido y Estados Unidos, que lo hacen al 40%. En el sexto puesto se encuentra España, cuyo gravamen llega al máximo del 34% teniendo en cuenta que a pesar de ser un tributo estatal, es competencia de las comunidades autónomas la imposición de la cuantía a abonar, y que ésta a su vez depende de la cantidad heredada y el grado de parentesco. Lo llamativo de este estudio figura en el número de países de la zona euro que no disponen de este impuesto directo. En 10 de los 19 Estados que comparten el euro no se exige ningún tipo de beneficio directo a la hora de heredar. Pese a esto, la media ponderada de este impuesto en la eurozona es del 12%, lejos del 34 al que lo hacen los españoles.
¿Es lo que parece?
Dada la evidencia de la crisis de esta tasa en nuestras fronteras, del contexto de incertidumbre económica en el que resurgió y el oportunismo de las elecciones, el Impuesto de Sucesiones no sólo llevó a salir a la calle a ciudadanos cuya cifra, en función de su CCAA, era drásticamente dispar a la otras autonomías, como en Andalucía o Asturias, sino que la subida del mínimo a tributar fue una condición sine qua non de muchos partidos en el difícil panorama de los pactos. La incógnita sobre la normalidad o no en la vigencia de este impuesto es algo que se pasó por alto dada la politización y la mediatización actual de este tributo.
Como respuesta al protagonismo que adquirió en los últimos años, el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), publicó un informe en el que se afirma que la eliminación del impuesto que grava las herencias beneficiaría sólo al 0,7% de los contribuyentes, y se expone que los principales perjudicados serían el 72,4% de los ciudadanos con ingresos anuales de entre 6.000 y 60.000€euros, con el fin de compensar la pérdida de la recaudación. Los Técnicos alertan de que su eliminación tendría que compensarse con alzas en el IBI o IRPF que afectarían a las clases medias de nuestro país.
Sin embargo, las objeciones no son pocas. El grupo de sabios dedicados al nuevo modelo de financiación autonómica también puso sobre la mesa el pasado 27 de julio en el Consejo de Política Fiscal la necesidad de armonizar el impuesto estableciendo un mínimo común de tributación en Sucesiones y Donaciones que ponga fin a la competencia existente actualmente entre territorios. A su vez, la necesidad de un cambio en este aspecto resonó en la última conferencia de Presidentes, cuando la queja giraba en torno al dumping fiscal entre comunidades autónomas.
No obstante, la gran discrepancia vino por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. La Sentencia fue dictada tras un recurso interpuesto por la Comisión Europea, que llevaba varios años advirtiendo a España de que su normativa del Impuesto de Sucesiones y Donaciones vulneraba el Derecho comunitario por obstaculizar la libre circulación de personas y de capitales cuando se trata de ciudadanos no residentes. Si el impuesto no está cedido a ninguna autonomía no se perciben sus ventajas a la hora de tributar y debe abonarse respecto a la normativa estatal vigente.
Notables diferencias
No obstante, este tributo existente en España desde la reforma fiscal de 1978, y cuya recaudación supuso unos 2.454 millones de euros de beneficio en 2015, cerca del 0,23% del PIB, obligó a los partidos a posicionarse. Podemos prometía en campaña disminuir el mínimo exento en el impuesto del patrimonio a 400.000 euros netos, así como revisar las deducciones y bonificaciones existentes. Mientras algunas de las promesas se las llevaba el viento, en el Parlamento andaluz, PSOE y Podemos rechazaban a principio de año la propuesta del PP-A, apoyada por Ciudadanos, de establecer una bonificación progresiva de dicho impuesto del 33% en 2017, del 66% en 2018 y del 99% en 2019, reservando una tributación simbólica para el control y lucha contra el fraude fiscal. Desde Madrid, los socialistas piden tipos mínimos en Patrimonio y Sucesiones pero presiden una de las comunidades donde más se paga por este impuesto. Por su parte, Ciudadanos aboga por rebajar el gravamen o suprimirlo, así como elevar al millón de euros el mínimo exento de la tasa. También, el PP insta en Andalucía la supresión del impuesto como argumento diferenciador del eterno PSOE andaluz de cara a los próximos retos electorales y alaba la bonificación del 99% en Madrid, sólo en herencias de padres a hijos.
Después de todo, voces expertas como la de Luis del Amo, secretario técnico de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, expone dada la diferencia entre Comunidades que "del todo a la nada es demasiada distancia", hablando de Madrid y su casi total bonificación del impuesto. Así, la normalización tributaria de Sucesiones, pese a tener "funciones opinables" debe estar, según su juicio, en la línea de la Comisión de expertos, que tras plantearse su supresión, se expuso que esta tasa puede cumplir su función redistributiva a las CCAA. "Hay que armonizar los tipos, actualizar el impuesto, sus tarifas y revisar casos concretos como el de las herencias de empresas familiares para así dar margen a las CCAA", explicó.
Los expertos discrepan
Como contraste al clamor popular, el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) publicó a principio de 2017 un informe en el que se exponía la cara oscura de la eliminación del Impuesto. Según este informe, sólo el 0,7% de los contribuyentes sería beneficiario de su supresión, frente a las clases medias, el 72,4% de los ciudadanos con ingresos anuales de entre 6.000 y 60.000 euros, quienes serían los claramente perjudicados por la compensación en la subida del IRPF y IBI.
Fuente: eleconomista.es
